Durante su mensaje del jueves, Milei firmó un decreto que acelera los procedimientos sancionatorios de la Ley 26.659, destinada a penalizar a las empresas que lleven a cabo extracciones de petróleo en el archipiélago bajo control británico, lo que resultará en su inhabilitación para operar en Argentina. A mediano plazo, el mandatario anticipó un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que incrementará las sanciones contra operaciones no autorizadas y establecerá un Consejo de Seguridad Nacional. Este organismo integrará las funciones de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, además de que se asignarán fondos adicionales al Ministerio de Defensa para construir una base naval integrada en Tierra del Fuego, convirtiendo la región en un centro logístico clave del Atlántico Sur.
En el transcurso de la jornada, se dieron a conocer tres medidas a través del Boletín Oficial. Uno de los decretos reglamentó las sanciones y excluyó del Registro de Empresas que Invierten en Hidrocarburos (RIGI) a aquellas vinculadas a proyectos hidrocarburíferos no autorizados, como los de las compañías británica Rockhopper e israelí Navitas. También se emitió un DNU que modifica ciertos presupuestos, respaldado por una Decisión Administrativa firmada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Esta modificación fue anticipada por Pablo Quirno en una entrevista, donde mencionó que se destinarían fondos para iniciar la construcción de la Base Naval Integrada. A través de una reorganización presupuestaria, la Casa Rosada habilitó “adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo” por un total de $ 114.732 millones, para las obras que el canciller confirmó la víspera.
Cabe recordar que la administración actual había recortado anteriormente los fondos destinados a este proyecto, que data de una iniciativa lanzada en marzo de 2022 durante la gestión de Alberto Fernández y del entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana.
Sin embargo, desde inicios de este año, fuentes cercanas al gobierno manifestaron su intención de retomar esas obras. En la Casa Rosada se consideró la opción de obtener financiamiento desde Estados Unidos, ya que se estima que la inversión necesaria para finalizar la base naval oscilaría entre 400 y 500 millones de dólares.
En una consulta reciente, Quirno descartó la posibilidad de establecer una presencia estadounidense en la nueva base. “Tomamos decisiones en función de nuestros propios intereses y en defensa de la soberanía argentina”, resaltó, agregando que Tierra del Fuego es crucial en el Atlántico Sur y que su ubicación ofrece acceso expedito a la Antártida, además de permitir el monitoreo del extenso Mar Argentino.
Aunque la prioridad para los desembolsos en los próximos años será para la base naval, también se planea aumentar los fondos para la Base Antártica Conjunta Petrel. “Ambos proyectos se consideran de alta prioridad dentro del Plan ARMA, que involucra recursos derivados de la venta del 70% de inmuebles del ámbito de defensa”, detallaron.
A comienzos de abril, el astillero TANDANOR completó la estructura del Módulo I y avanza hacia el desarrollo del Módulo II. Para incrementar capacidades, el Gobierno deberá mejorar la asignación de fondos a esta empresa pública, ya que, en el último año, la variación interanual de los fondos asignados fue de -63,24%, según datos del Monitor de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Los funcionarios libertarios proyectan un proceso de al menos cuatro años, con una inversión estimada entre 100 y 150 millones de dólares anuales. “Podremos lograrlo a través del Plan ARMA, el FONDEF [Fondo Nacional de Defensa] y otros recursos”, concluyeron. Se aclara que dicho fondo fue completamente agotado en la elaboración del presupuesto para 2026, lo que sugiere que podría considerarse una posible restitución para el ciclo 2027.
Entre las modificaciones presupuestarias incluidas en el DNU 867/2026, se destaca un incremento de $ 117.000 millones en los gastos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), con una parte importante destinada al desarrollo de satélites.
En cuanto a novedades en el ámbito satelital, el Gobierno informó que la próxima misión de la CONAE se encuentra en las fases finales de integración y ensayos en INVAP. Se trata del SABIA-Mar, que ha incorporado mejoras tecnológicas que ampliarán sus capacidades de generación de información estratégica en áreas como producción, seguridad, investigación científica y gestión ambiental, con un lanzamiento previsto para el primer semestre de 2027.
En el ámbito legislativo, el eje central del anuncio consiste en el envío urgente al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que incluirá dos componentes fundamentales. El primero endurecerá la Ley 26.659, inhabilitando a empresas involucradas en operaciones no autorizadas en las islas para contratar en Argentina, y habilitará la figura del juicio en ausencia para infractores.
El segundo componente establecerá un Consejo de Seguridad Nacional que coordinará de manera obligatoria las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. “Solicitaremos al Congreso los poderes necesarios para que el Estado pueda responder de forma económica y diplomática ante actores que amenacen nuestra seguridad nacional”, afirmó Milei. Este consejo puede establecerse como un paralelismo con el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Altas fuentes de la Cámara de Diputados confirmaron que dicho proyecto “está a punto de ser presentado”, posiblemente la próxima semana, aunque aún no se ha definido la urgencia para su tratamiento. El oficialismo, liderado por Martín Menem, no cuenta con una agenda apretada, lo que podría facilitar la inclusión de otros temas en la agenda legislativa vinculados a Malvinas.
Sin embargo, Menem parece interesado en avanzar rápidamente con el proyecto. Su padre, Eduardo Menem, fue uno de los promotores de la inclusión de una cláusula constitucional en 1994 que establece la recuperación de Malvinas como un objetivo permanente; además, en 1998 impulsó una iniciativa en el Senado para sancionar y deshabilitar a las empresas que extraigan recursos en las islas sin autorización argentina. Aunque ese proyecto no fue aprobado, sentó las bases de lo que se plasmó posteriormente en la Ley 26.659, vigente desde la primera gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
