El diputado nacional Galmarini destacó que hasta ahora el presidente Milei había adoptado una actitud distante en relación con la causa Malvinas y sostuvo que sus últimas declaraciones marcan un giro abrupto. “Su cambio de postura sobre la causa Malvinas, que hasta ahora parecía desconocer, es absolutamente pura especulación electoral”, aseguró.
En este contexto, resaltó que el mandatario había emitido señales contrarias en el pasado. Recordó los elogios a Augusto Pinochet y su admiración por Margaret Thatcher, figuras que en Argentina están estrechamente relacionadas con la guerra del Atlántico Sur. Para el dirigente, estos antecedentes hacen resaltar el cambio en la posición del Gobierno frente al reclamo de soberanía.
Galmarini también se mostró escéptico respecto al impacto de los anuncios del Gobierno y adujo que muchas de las iniciativas mencionadas ya habían sido abordadas en administraciones anteriores. En tono irónico, advirtió que “es peligroso cuando hacen tanto humo con mucha gente junta, porque puede intoxicarse”.
Sobre la creación del Consejo de Seguridad Integral, enfatizó que existen proyectos desde 2020 y aseguró que la propuesta no incorpora elementos novedosos. Referente a la base naval en Ushuaia, indicó que la nueva administración no avanzó en su desarrollo y que, por el contrario, lo desfinanció. Detalló que en 2022 se había colocado ya la piedra fundamental para esa obra y se había impulsado la creación de una guarnición militar.
El dirigente del massismo también recordó la visita a Ushuaia de Laura Richardson, ex jefa del Comando Sur de Estados Unidos, al inicio de la gestión de Milei, mencionando que en ese momento se había planteado la necesidad de iniciar obras relacionadas con esa infraestructura.
Galmarini reafirmó que el anuncio presidencial no debe tomarse como un inicio, sino como una reformulación de proyectos anteriores. Subrayó que su crítica no se centró únicamente en el contenido del discurso, sino también en la discrepancia entre lo anunciado y las decisiones adoptadas hasta el momento por la administración nacional.
Otro de los puntos cuestionados por Galmarini fue el endurecimiento de penas económicas para empresas petroleras y compañías que operan en el Atlántico Sur. Al respecto, mencionó que “esa es una ley del 2011” y que el Gobierno ya poseía herramientas legales para intervenir sin necesidad de presentar esta medida como una innovación.
En este sentido, nombró a la empresa Rockhopper y sugirió que el Ejecutivo podría haber promovido auditorías sobre las compañías involucradas en la explotación de recursos en la zona en disputa, argumentando que estas acciones no requerían el uso de una cadena nacional.
En la parte final de sus declaraciones, el legislador también se refirió a ADNOC y su participación en XRG, un grupo vinculado al proyecto de gas natural licuado en la Patagonia y asociado a YPF. Asimismo, mencionó a Paul Mayland, relacionado con empresas que, según expresó, ya desarrollan actividades económicas en Argentina.
Con estas afirmaciones, Galmarini señaló que las autoridades nacionales deben explicar por qué no se avanzó en la aplicación de las herramientas legales existentes. Este debate se suma a la discusión política desatada tras el discurso de Milei, en el que el Gobierno intentó establecer una nueva agenda en torno a Malvinas y la presencia argentina en el sur del país.
