El proyecto, presentado a mediados de mes, fue enviado a tres comisiones: Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, que están bajo la presidencia de los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machada y Juliana Santillán.
Se espera la presencia de funcionarios del área de Cancillería, Defensa y Justicia para que expliquen y respalden la propuesta, con el objetivo de realizar una segunda jornada de discusión el 6 de octubre. Los más optimistas esperan que se logre la firma del dictamen para su eventual votación en la hipotética sesión del 7 de octubre, que también abordará el nuevo proyecto de Discapacidad y el de Endeudamiento, que recibirán dictámenes este martes.
Sin embargo, el proyecto ha encontrado críticas en algunos aspectos específicos, como el artículo 111, que modifica el Código Penal, estableciendo penas de 5 a 12 años de prisión para aquellos que, a través de financiamiento de gobiernos, organizaciones o agentes extranjeros, intenten influir en procesos electorales mediante campañas de desinformación coordinadas o promoviendo actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la sociedad argentina.
“El presidente que ha denunciado a una parte de la prensa argentina por recibir fondos de Rusia para crear campañas en su contra busca ahora una herramienta para acusar penalmente a quienes intenten desestabilizarlo. Esto resulta muy peligroso”, advirtió un legislador de la oposición hace unos días.
Además, algunos sostienen que ciertas disposiciones del proyecto otorgarían poderes extraordinarios al Ejecutivo, lo que representaría una merma de las atribuciones del Parlamento. “No se debe confundir la existencia de procedimientos para hacer frente a amenazas concretas con una habilitación general para restar facultades que la Constitución otorga al Congreso en su artículo 75”, aclararon desde un partido opositor.
El contenido del proyecto está más enfocado en la represión interna que en la recuperación de Malvinas, indicó un representante de otra agrupación política.
El texto derogaría la Ley 26.659, que fue sancionada en 2011 y que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. Asimismo, introduce un nuevo régimen de sanciones, ampliando su alcance más allá de la actividad hidrocarburífera para incluir cualquier acción relacionada con la explotación de recursos renovables o no renovables sin autorización argentina, lo que podría abarcar también la actividad pesquera.
El proyecto extiende las prohibiciones a individuos y empresas que faciliten o participen en actividades no autorizadas, e incluye reorganizaciones societarias destinadas a eludir sanciones. Establece un régimen de penalizaciones que contempla multas, inhabilitaciones, pérdida de permisos y beneficios, la rescisión de contratos y sanciones penales.
Además, crea un mecanismo para que quienes actualmente realicen actividades prohibidas puedan desistir y regularizar su situación mediante el pago de una suma o la reorientación de inversiones. La autoridad que aplicará esta normativa será designada por el Poder Ejecutivo.
Por otro lado, se propone un nuevo sistema de seguridad nacional y un Consejo de Seguridad Nacional, liderado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas. Este concepto de seguridad abarcará temas relacionados con la soberanía, la economía, las relaciones exteriores, la inteligencia, la infraestructura y el ciberespacio, entre otros.
