Más allá de las afirmaciones de Ravier, la declaración del Presidente fue contundente. Durante el reportaje realizado por el periodista Luis Majul, Milei describió una serie de “ataques” que su Gobierno ha enfrentado, y que, según él, son responsables de los resultados económicos negativos en los últimos meses.
“Que los 40 intentos de proyectos tratando de tumbar el equilibrio fiscal, que los siete intentos de juicios políticos -que fueron siete intentos de golpe de Estado-, que en los 10.000 terroristas que echamos el año pasado… derivó en un frenazo que tuvo la economía en el segundo semestre, y eso después tiene rezagos”, explicó el Presidente al abordar el aumento de la pobreza y la inflación reciente.
Con respecto a los terroristas, Milei añadió: “Los 10.000 terroristas que echamos el año pasado, este año ya llevamos 20.000. Son gente que se infiltra de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”.
Ante las reacciones generadas por las declaraciones de Milei, Ravier subrayó: “Hay un informe del ministerio de Seguridad en el cual se contabilizan 20.630 casos entre el 1 de diciembre de 2025 y el 13 de septiembre de 2026. Estos números, por supuesto, van a ir cambiando, en los cuales el 72,3% responden a extranjeros que, queriendo ingresar a la Argentina, fueron rechazados o no fueron admitidos”.
Asimismo, al explicar por qué se rechazaron los ingresos de ciertas personas, Ravier indicó que se trataba de “perfiles de riesgo, condenados o personas que no cumplen con los requisitos para ingresar a la Argentina”. En cuanto a quienes fueron expulsados, señaló que se refiere “a extraditados o a personas que están en alerta roja de Interpol”.
Sin embargo, el vocero no proporcionó datos específicos sobre cuántos de estos individuos tenían antecedentes relacionados con organizaciones terroristas.
La cifra mencionada por Milei ha llevado a solicitar al Gobierno precisiones sobre qué individuos están incluidos, bajo qué criterios fueron expulsados y qué base oficial sustenta la afirmación. El diputado nacional Maximiliano Ferraro ha presentado un pedido de acceso a la información pública y otro de informes a las autoridades competentes, con el fin de esclarecer la cantidad de extranjeros expulsados y su posible vinculación con el terrorismo.
En paralelo, la senadora nacional Juliana Di Tullio también ha solicitado información a la Jefatura de Gabinete y a la Dirección Nacional de Migraciones para que el Gobierno justifique y aporte datos sobre las declaraciones de Milei. Di Tullio planteó que, dada la magnitud de las cifras, es esencial contar con información oficial que respalde las afirmaciones. “El Estado no puede denegar la información escudándose de forma genérica en razones de seguridad o defensa”, enfatizó la legisladora, añadiendo que los datos solicitados son de carácter estadístico y facilitarían el control de las políticas implementadas por el Ejecutivo.
Ferraro ha exigido que se informe sobre cuántos extranjeros fueron expulsados, rechazados o no admitidos en 2025 y 2026, desglosados por mes y por categoría jurídica. Uno de los principales interrogantes radica en la utilización del término “terroristas”. El diputado ha pedido saber cuántos de los mencionados enfrentaron causales vinculadas al terrorismo o su financiamiento, y bajo qué norma se fundamentó esta decisión.
Además, ha solicitado información sobre cuántos tenían imputaciones, procesamientos o condenas por delitos relacionados con terrorismo, y cuántos estaban registrados en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
La Ley de Migraciones establece que la participación en actos de terrorismo o actividades terroristas puede ser motivo para impedir el ingreso o permanencia de extranjeros. No obstante, esta causal no permite automáticamente clasificar todas las expulsiones o rechazos migratorios como deportaciones por terrorismo.
