En este contexto, Adorni explicó que una de las propuestas contempla destinar un 10% de los ingresos derivados de privatizaciones a la adquisición de armamento y bienes de capital destinados a la defensa nacional.
Otra iniciativa busca fortalecer los derechos de la propiedad privada con el fin de atraer inversiones y fomentar el crecimiento económico. Para ello, se presentará en el Congreso una iniciativa que limita las expropiaciones a situaciones “estrictamente excepcionales” y eleva las indemnizaciones para aquellos que sean afectados.
Durante su anuncio, Adorni criticó la “inseguridad jurídica” que, según él, ha contenido el flujo de inversiones durante años. Además, argumentó que la inestabilidad en los contratos y derechos de propiedad ha representado un obstáculo para la generación de empleo, perjudicando tanto a los propietarios como a los inquilinos.
El paquete también incluye una reforma a la ley de tierras rurales, que eliminará las restricciones en la venta de campos a extranjeros, apuntando a facilitar la llegada de inversión extranjera y a estimular sectores clave como el petróleo, la minería y la agroindustria. “Hoy los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión. Algunas, como petróleo, minería o agro, requieren que se compren terrenos grandes para llevarse adelante. No podemos permitir que por un mero capricho ideológico estas no se realicen”, argumentó Adorni.
Además, se propuso reformar el régimen de desalojos para facilitar la recuperación de inmuebles, con el objetivo de desalentar ocupaciones ilegales y mejorar la confianza en el mercado de alquileres. “Necesitamos hacernos cargo del flagelo nacional que son los okupas, con una ley de desalojo que dé vía sumarísima a los procesos, evacúe rápidamente a los infractores y restituya los inmuebles al propietario en menos de cinco días”, subrayó el jefe de Gabinete.
Finalmente, se someterá a discusión una revisión de las leyes sobre discapacidad y el acceso a beneficios sociales. Esta medida busca transparentar la otorgación de pensiones a personas incapaces de trabajar, endureciendo los requisitos y diferenciando entre beneficiarios legítimos y aquellos que, según el Gobierno, habrían accedido de forma irregular. “Vamos a dar aumentos sólo a los que tienen incapacidad para trabajar, no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regaló un certificado”, concluyó Adorni.
