Tras haber relajado las restricciones sobre importaciones y avanzar en un acuerdo comercial conocido como ARTI, el Gobierno está elaborando un proyecto que será discutido con representantes de Estados Unidos en reuniones técnicas que se llevarán a cabo antes del G20.
El enfoque del nuevo mecanismo se centra en identificar productos elaborados bajo condiciones de trabajo forzoso, pero no adoptando de forma automática los criterios estadounidenses. Funcionarios argentinos participaron recientemente de seminarios en línea organizados por autoridades estadounidenses para entender mejor los distintos modelos de control que se están promoviendo.
Esta iniciativa se enmarca en un contexto de cambios más amplios en el comercio internacional. En años recientes, Estados Unidos ha incrementado las exigencias para la importación de productos, añadiendo criterios vinculados al trabajo forzoso, empleo infantil y la trazabilidad de las cadenas de suministro a las tradicionales evaluaciones relacionadas al dumping, subsidios y propiedad intelectual. Estas nuevas exigencias se han conformado en una especie de barrera comercial moderna.
La problemática también será abordada en foros multilaterales y será un tema prioritario en el G20, donde se buscará incrementar la cooperación entre naciones para impedir la entrada de productos fabricados por trabajo forzoso.
Este diálogo no es un tema reciente; en mayo de 2023, Argentina y Estados Unidos llevaron a cabo un Diálogo Laboral de Alto Nivel, en el que reafirmaron su compromiso conjunto de erradicar el trabajo infantil y forzoso, así como de fortalecer la cooperación en derechos laborales.
Argentina enfrenta un reto significativo: necesita equilibrar dos objetivos en su estrategia comercial. Por un lado, consolidar el vínculo con Estados Unidos a través de la implementación del ARTI; por otro, cuidar su comercio con China y el Sudeste Asiático, regiones que representan buena parte de sus importaciones.
Durante el primer semestre de 2023, Estados Unidos se posicionó como el segundo destino de las exportaciones argentinas, alcanzando ventas por 4.859 millones de dólares, lo que evidencia un crecimiento del 42,1% en comparación al año anterior, resultando en un superávit bilateral de 1.575 millones de dólares. Por su parte, China fue el tercer mercado, con exportaciones por 4.891 millones de dólares, a la vez que continúo como el principal origen de las importaciones, con 7.983 millones de dólares, generando un déficit comercial para Argentina de 3.092 millones de dólares, según datos del Indec.
Ambos países representaron el 10% de las exportaciones argentinas, mientras que China concentró el 22% de todas las importaciones, mucho más que el 9% de participación de Estados Unidos.
Ante este panorama, el Gobierno se muestra decidido a encontrar una solución intermedia. Según fuentes oficiales, Argentina busca evitar replicar el modelo estadounidense que permite el bloqueo de importaciones basado en presunciones de trabajo forzoso, optando por un enfoque más investigativo y basado en pruebas concretas.
La discusión también refleja una nueva fase en la política comercial, donde tras la simplificación de aranceles y licencias, el actual enfoque pone el acento en mecanismos de control. Desde el Ministerio de Economía destacan la necesidad de crear herramientas que cumplan con los estándares internacionales sin constituir un obstáculo adicional para el comercio.
Adicionalmente, el Gobierno se apoya en la información recogida por cámaras empresariales y otros actores que monitorean las cadenas de suministro internacionales y detectan irregularidades.
Esta estrategia ya ha sido probada con anterioridad y ha resultado en la identificación de anomalías comerciales, como quejas de la industria textil sobre subvaloraciones y alertas sobre electrodomésticos que no cumplen con las normativas de eficiencia energética.
Las pequeñas y medianas empresas han pedido mayor interacción tras la reciente salida de su secretario, mientras que su participación en controles oficiales ha meritado una reducción con la eliminación de veedores.
Desde el Gobierno, se enfatiza que el nuevo esquema de controles ex post, donde no se solicitan autorizaciones previas para el ingreso de mercadería, permitirá detectar incumplimientos y aplicar sanciones posteriores para fomentar el cumplimiento regulatorio.
El último informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos indica que, si bien Argentina posee mecanismos para señalar casos de trabajo forzoso y llevar a cabo inspecciones laborales, la insuficiente cantidad de inspectores complica un monitoreo efectivo de la situación.
