En una resolución firmada el mismo día, el titular del Juzgado Federal N° 1 de La Plata declaró finalizada la etapa judicial, considerando cumplidas las obligaciones por parte de la administración nacional con el aumento de $590 millones en el presupuesto, monto que las autoridades del organismo consideran necesario para continuar con la custodia y resguardo de las muestras biológicas.
El juez afirmó que es responsabilidad del Estado argentino “no solo perseguir y sancionar a los responsables penales de los delitos investigados, sino también reparar a las víctimas y a la sociedad, reconstruyendo los hechos y garantizando el derecho a la verdad, a la identidad y a la justicia”. Además, enfatizó que la restitución de cada persona apropiada “es, en consecuencia, un eslabón necesario para la plena vigencia de los Derechos Humanos”, constituyendo “una reparación hacia la sociedad en la búsqueda de la verdad y la persecución de la justicia”. Por esta razón, consideró que “es deber del Estado propiciar las condiciones para encontrar a cada nieto y nieta apropiados”.
“El acuerdo arribado garantiza el correcto funcionamiento del BNDG en lo inmediato y en el transcurso del año, habiendo cesado la situación de gravedad extrema tenida en cuenta inicialmente al dictar la medida cautelar interina”, señaló el juez en su fallo. Resaltó la importancia de mantener en funcionamiento el BNDG dentro de las políticas de derechos humanos y de restauración de la verdad y la justicia.
La operatividad del BNDG se vio amenazada por problemas presupuestarios que comenzaron a manifestarse desde hace varios meses, alcanzando su punto crítico el 8 de mayo, cuando Mariana Herrera Piñeiro, directora del organismo, alertó a jueces y fiscales que no podría continuar tomando muestras biológicas para realizar los cotejos.
En la sede del BNDG se conservan aproximadamente 32 mil registros genéticos, en su mayoría pertenecientes a familias que buscan a bebés que fueron robados durante la dictadura militar o de aquellos que sospechan que podrían ser hijos de desaparecidos.
La comunicación de Herrera Piñero llevó a una presentación judicial por parte de Pablo Parenti, Fiscal General de la Unidad especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado; junto al fiscal Gonzalo Miranda y los auxiliares Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira, integrantes de la Unidad de Asistencia para causas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.
Los fiscales afirmaron que la falta de recursos “impacta de manera directa en la posibilidad de los tribunales de avanzar en la resolución de dichas causas” y consideraron “imprescindible remediarlo de inmediato”, ya que la demora representa “un peligro cierto de perder la pericia esencial en los casos de apropiación de menores durante el terrorismo de Estado”.
Los argumentos presentados por Herrera Piñeiro y el cuerpo de fiscales fundamentaron la medida cautelar interina dictada por el juez Ramos Padilla, que ordenó al Gobierno cumplir con la actualización presupuestaria. Originalmente, la Jefatura de Gabinete había previsto un aumento de $400 millones, monto que la directora del BNDG lo consideró insuficiente. Finalmente, se acordó un incremento de $590 millones.
A finales de la semana anterior, el Gobierno comunicó que ya se había iniciado el proceso para reforzar el presupuesto del Banco Nacional de Datos Genéticos y solicitó que se levantara la medida cautelar que obligaba a asegurar el funcionamiento del organismo, esencial para la investigación de delitos de lesa humanidad.
No obstante, en paralelo, también cuestionaron el diagnóstico proporcionado por las autoridades del BNDG, argumentando que los problemas operativos “obedecen, al día de la fecha, a una gestión ineficiente de los recursos actualmente disponibles y a la falta de impulso de sus procesos administrativos y operativos y no a una insuficiencia de crédito”.
Asimismo, aseveraron que “no se observa un impedimento presupuestario para la continuidad de los servicios que son indispensables para su correcto funcionamiento”.
El Banco Nacional de Datos Genéticos fue establecido en 1987 a raíz de un pedido realizado por las Abuelas de Plaza de Mayo al entonces presidente Raúl Alfonsín, quienes creían que la ciencia podría ser un aliado en la búsqueda de los niños y niñas que les habían sido arrebatados por los represores. Desde su creación, han logrado restituir la identidad de 140 nietos y nietas.
