Este recurso representa la última oportunidad del Ministerio Público en esta disputa. El 6 de octubre, la Sala I de la Casación, compuesta por Alejandro Slokar, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, desestimó el recurso extraordinario presentado por Villar. La intención es que el caso ascienda a la Corte, mediante un escrito que menciona las presuntas “suspicacias en la opinión pública”.
El planteo se centra en que la Casación remitió la causa a Campana bajo el argumento de que el lavado de dinero es un delito federal, sin considerar el lugar donde se habrían producido los presuntos delitos. La teoría sostiene que los hechos ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires y no en Campana. “Aceptar que el delito de lavado de dinero es competencia de la justicia federal, asumiendo que esta afirmación tiene un valor mágico que desvincula la cuestión territorial, resulta insostenible”, expresó el fiscal. También añadió: “La Cámara de Casación ignora la ley procesal citada por ambas partes referente a la competencia territorial, y no parece ser de su interés”.
Además, Villar mencionó la existencia de un conjunto de expedientes relacionados. “Las causas en curso contra los dirigentes de la AFA y personas cercanas no se limitan a estas actuaciones, sino que abarcan un entramado más amplio de causas, muchas de las cuales están bajo pedidos de inhibitoria por el juez federal de Campana”, explicó. Incluyó la investigación sobre la “mansión de Pilar” y un expediente proveniente de los tribunales de Santiago del Estero, que se ocupa de presunta defraudación relacionada con la AFA.
El fiscal sugirió la posibilidad de “forum shopping”, refiriéndose a la concentración de causas en un juez que, a su juicio, no debería manejar dichos expedientes.
El caso se refiere a la titularidad de la quinta en Pilar, que pertenecía a Carlos Tevez. Su importancia es considerable, dado que el juez que aborde esta cuestióngestará todas las investigaciones de presunto lavado de dinero y fraude vinculadas con la AFA, que involucran a Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero, Pablo Toviggino. La entidad ha negado las acusaciones que la afectan.
La denuncia original fue presentada el 1 de diciembre de 2025 por Elisa Carrió, Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, miembros de la Coalición Cívica.
Los denunciantes acusaban de lavado de dinero a los individuos que constan como propietarios de la quinta de Pilar, que abarca cinco hectáreas y cuenta con canchas de fútbol, un haras, caballos árabes, un helipuerto, un gimnasio, casas, un quincho y parrilla, además de un galpón con 54 vehículos de alta gama, incluyendo clásicos de colección y algunos deportivos de última generación. Se sospecha que estas personas podrían estar actuando como testaferros para un tercero.
La quinta, valorada por la Justicia en 25 millones de dólares, incluyendo los vehículos, figura legalmente a nombre de Real Central SRL, una sociedad administrada por Luciano Pantano, exdirigente de futsal, y su madre, Ana Conte, quien es jubilada. Durante un allanamiento en la quinta, se encontraron objetos pertenecientes a Pablo Toviggino, como un bolso y una placa.
