El iniciativa incluye cuatro modificaciones clave al sistema de justicia laboral provincial. En primer lugar, se creará un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos bajo la tutela del Poder Judicial, y sus integrantes serán elegidos mediante un concurso público. Esta medida tiene como objetivo garantizar que la remuneración de los peritos sea fija, de modo que no dependa de los resultados de las pericias ni de las indemnizaciones. La meta es desvincular el resultado de la pericia del beneficio económico del perito.
La segunda modificación introduce la obligatoriedad del uso del baremo nacional para evaluar incapacidades laborales. La falta de un criterio uniforme en la actualidad permite que existan evaluaciones inconsistentes entre peritos, lo que causa incertidumbre para todas las partes involucradas. Con esta reforma, los profesionales deberán sustentar sus conclusiones en este marco común, buscando homogeneizar las evaluaciones.
El tercer aspecto revisa la manera en la que se determinan los honorarios periciales. Actualmente, estos honorarios se calculan en función del monto reclamado o de la declaración de incapacidad, creando un incentivo para inflar los valores. La reforma propone que la remuneración se base en la complejidad, calidad y utilidad del trabajo realizado, con un límite máximo establecido desde el inicio.
El cuarto cambio elimina la necesidad de depositar previamente el monto de la condena, así como los intereses y las costas, o de ofrecer bienes suficientes a embargo para que un empleador pueda apelar una sentencia laboral. Este ajuste busca facilitar el acceso a una segunda instancia judicial, manteniendo al mismo tiempo las medidas cautelares necesarias para asegurar el cumplimiento de los fallos.
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) ha expresado su apoyo a esta iniciativa, considerándola un “primer paso concreto y necesario” frente al creciente aumento de la litigiosidad en la provincia. Con esta reforma, el gobierno entrerriano tiene la intención de establecer un sistema de pericias independientes, reglas uniformes y menores incentivos a la judicialización, lo que contribuiría a disminuir costos y generar mayor certeza para quienes trabajan, producen e invierten en Entre Ríos.
La necesidad de esta reforma se justifica en datos concretos: en 2025, se iniciaron 2.502 nuevos juicios por Riesgos del Trabajo en la provincia, lo que representa un incremento del 25% en comparación con el año anterior. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, el aumento alcanzó el 38%, la cifra más elevada entre las principales jurisdicciones del país. Esta alza ocurre a pesar de que las tasas de siniestralidad laboral continúan disminuyendo de manera constante, lo que indica que el incremento de demandas no obedece a un aumento real en los accidentes laborales.
Este fenómeno no es exclusivo de Entre Ríos. A nivel nacional, las demandas por accidentes laborales totalizaron 14.966 en agosto de 2026, un incremento del 11,3% en comparación con un año atrás. En los primeros ocho meses del año se acumularon 87.553 nuevas demandas, y la proyección para el cierre de 2026 anticipa la superación de los 138.000 juicios, marcando un nuevo récord histórico.
La UART ha señalado que la discrepancia entre las evaluaciones realizadas por las Comisiones Médicas y las resoluciones judiciales perpetúa esta problemática. “Aunque las Comisiones Médicas confirmen que un caso ha sido cerrado y que la persona ha recibido tratamiento y se encuentra recuperada sin incapacidad, al judicializarse, casi siempre los peritos judiciales, posteriormente respaldados por los jueces laborales, reconocen algún porcentaje de incapacidad. Esto crea un fuerte incentivo para reclamar, incluso en casos que ya se resolvieron administrativamente”, comentó un representante del sector.
La UART ha estado pidiendo la creación de Cuerpos Médicos Forenses en todas las provincias del país como una medida estructural para cambiar esta situación, y la reforma en Entre Ríos avanza en esa dirección.
