“No está frenado, pero tampoco es prioridad”, admitió uno de los referentes libertarios de la Cámara baja. Otro diputado del bloque fue más claro: “Veremos. La prioridad ya está fijada en otros cuatro proyectos”. Estos proyectos son la nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, un acuerdo entre Mercosur y Singapur, y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).
La propuesta, que cuenta con la promoción del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue aprobada el jueves pasado por el Senado y ese mismo día fue enviada a Diputados por Bartolomé Abdala, quien asumió la presidencia de la Cámara alta en reemplazo de Victoria Villarruel. El ingreso formal se realizó el día viernes y se espera que este lunes se definan las comisiones encargadas de su análisis. Entre las opciones están Legislación General, Asuntos Constitucionales y Justicia, todas lideradas por diputados del oficialismo.
Sin embargo, la rapidez administrativa no implica una urgencia política. El texto llegó a Diputados tras la eliminación de los dos títulos que generaron mayor resistencia: la flexibilización de las restricciones para la compra de tierras por extranjeros y las modificaciones sobre terrenos afectados por incendios.
Ambos puntos fueron retirados antes de la votación para eludir un rechazo explícito. La controversia generada por estas propuestas llevó a gobernadores, legisladores y diversos sectores sociales a exigir su anulación. Hasta dentro del oficialismo admiten que es poco probable que se vuelva a insistir con esos cambios en el corto plazo.
La versión que logró media sanción se redujo a tres ejes principales: endurecer las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes privados, acelerar los desalojos por intrusión o falta de pago, y modernizar el Registro de la Propiedad Inmueble mediante su digitalización y la creación de una Ventanilla Única Federal.
En cuanto a expropiaciones, el proyecto propone una interpretación más restrictiva de la “utilidad pública”: la declaración debe ser específica y apuntar a un objetivo claro. Además, establece que la transferencia del dominio al Estado no podrá llevarse a cabo hasta que se haya pagado la indemnización en su totalidad.
La compensación deberá considerar el valor de mercado del bien y los daños directos relacionados con la expropiación. Este capítulo amplía también el régimen de regularización dominial, extendiendo el beneficio para aquellos que demuestren una posesión pacífica durante diez años de su vivienda única a agricultores familiares respecto de sus tierras productivas.
El segundo eje busca acelerar los desalojos. La iniciativa establece que estos procesos se gestionen mediante un procedimiento sumarísimo y permite al juez, en casos de intrusión o tenencia precaria, ordenar la restitución del inmueble desde el inicio del juicio.
Para los desalojos de viviendas por falta de pago, se mantiene la obligación de notificar previamente al inquilino por un mínimo de diez días. Si en el inmueble habitan menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad, el juez deberá involucrar a organismos de protección y otorgar diez días para buscar una alternativa habitacional antes del lanzamiento.
El tercer eje busca modernizar el funcionamiento de los registros inmobiliarios a través de la digitalización de trámites y la creación de una Ventanilla Única Federal.
El futuro de la iniciativa comenzará a delinearse este martes, cuando los diputados de LLA se reúnan como bloque para establecer su hoja de ruta. Sin embargo, las prioridades para las próximas semanas ya están prácticamente definidas, enfocadas principalmente en la agenda económica que Milei quiere seguir de cara a las próximas elecciones.
En primer lugar destacan dos proyectos cuyo debate ya inició en comisión: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva versión del régimen de Inocencia Fiscal. El oficialismo buscará obtener dictamen esta semana para presentar ambas iniciativas en el recinto durante agosto.
La reforma del Banco Central vuelve a centrar la preservación del valor de la moneda como objetivo principal de la entidad, prohíbe el financiamiento al Tesoro y la emisión sin respaldo, y endurece las condiciones para remover a sus autoridades.
Desde la oposición, se ha elevado la voz en contra de este último punto, aduciendo que la remoción de los directores del Banco Central debería requerir una mayoría de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, lo que podría convertir en casi inamovibles a autoridades que solo necesitan la aprobación del Senado por mayoría simple.
La segunda iniciativa prioritaria es la nueva versión de Inocencia Fiscal, que expande el número de contribuyentes que pueden acceder al régimen simplificado y busca fomentar la formalización de ahorros que actualmente están fuera del sistema.
Uno de los principales cuestionamientos desde la oposición ha girado en torno a la inclusión de funcionarios públicos en este régimen. “No podemos aprobar en este Congreso una ley que nos beneficia a nosotros”, manifestó un diputado durante el debate.
Según se ha sabido, el oficialismo también planea incluir en la próxima sesión de Diputados, previstas para el 26 de agosto, el Acuerdo Mercosur-Singapur y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). El primero se discutirá en un plenario de comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur este miércoles; el segundo ya cuenta con despacho y está preparado para su debate en el recinto.
