Al menos tres senadores fundamentales del oficialismo decidieron no participar en la reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión, y Legislación General, donde Patricia Bullrich, líder del bloque oficialista, aspiraba a obtener el dictamen tras la media sanción recibida en Diputados.
El intento de avanzar se frustró debido a que Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas), Maximiliano Abad (UCR) y Martí Goerling (PRO) exigieron modificaciones adicionales y decidieron permanecer en sus despachos.
La relación entre el oficialismo y sus aliados se ha tensado recientemente, ya que estos senadores solicitaron aumentar la participación de empresas nacionales en los proyectos de inversión. Una de las modificaciones a la que estuvo dispuesto el Gobierno fue la inclusión de condiciones claras sobre el artículo relacionado con el “compre nacional”, que establece la obligación de contratar proveedores locales.
En la media sanción aprobada en Diputados, se determinó que los planes de inversión debían incluir un compromiso de contratar al menos un 20% de proveedores nacionales. Sin embargo, los senadores insatisfechos han requerido que este porcentaje se eleve al 30% con un eventual aumento al 40%. Esta exigencia representa un desafío considerable que probablemente no será aceptado por el ministro de Economía, Luis Caputo.
Ante el contexto, Bullrich se comprometió a llevar esta demanda a Caputo, aunque sus expectativas de éxito eran bajas, dado que el ministro siempre se ha opuesto a ese requerimiento, ni siquiera respaldando el 20% de participación nacional.
Durante el debate en las comisiones, algunos miembros del oficialismo intentaron minimizar la relevancia del ‘compre argentino’, que había sido impulsado por la Unión Industrial Argentina (UIA). Bruno Olivera (LLA) sugirió que no era necesario establecer una obligación de compra nacional, argumentando que los proyectos generan un efecto derrame que supera el mínimo requerido, aunque reconoció que esta condición podría encarecer el costo de las inversiones.
Bullrich pareció sobrepasada por las tensiones entre el Gobierno y sus aliados. Ante las exigencias de los tres senadores dialoguistas, aceptó que una posible salida sería continuar trabajando con la versión original del RIGI que había sido aprobada en 2024.
A lo largo de la reunión del Senado, el oficialismo no logró recolectar las firmas necesarias, a pesar de que Agustín Monteverde, presidente de la comisión de Presupuesto, giró el dictamen para la firma de los senadores presentes.
La ausencia de Abad, Espínola y Goerling es crucial para que el oficialismo logre contar con los votos necesarios y avanzar con la propuesta en el recinto, pues Bullrich había planificado llevarlo a consideración en la sesión del 10 de septiembre. Otros aliados, como Alejandra Vigo (Provincias Unidas), Flavio Fama (UCR), Andre Cristina (PRO), Guillermo Andrada (Convicción Federal), Beatriz Ávila (Independencia) y Julieta Corroza (neuquina), también se ausentaron, enviando un mensaje claro al Gobierno.
En este contexto, Monteverde se vio obligado a posponer el debate para la semana siguiente, con la esperanza de conseguir el dictamen en un nuevo intento.
