Titulado Diario de una malaventura, el libro, editado por Editorial Octubre, narra en primera persona cómo, a pesar de tener un proyecto integral de reforma para el área, su gestión no logró implementar cambios profundos.
Durante una conversación con Víctor Hugo Morales, Sain destacó que su obra no se limita a ser un testimonio, sino que incorpora un considerable peso de datos y análisis. “Intento mantener un enfoque académico. Hay mucha fundamentación, mucha documentación. No es solo una narrativa de exposición. Hay una introspección crítica sobre nuestra gestión y las confrontaciones políticas”, indicó en Radio 750.
“Quiero que sirva como un testimonio de que hay una gran complejidad para gestionar la seguridad pública en cualquier lugar del país bajo estas condiciones”, afirmó.
Esta perspectiva, añadió, “está marcada por la posverdad presente en los medios hegemónicos”. “En las provincias no existen dos versiones periodísticas con posturas opuestas. Hay una sola prensa, que es la que financia el Gobierno a través de la pauta y otros mecanismos”, enfatizó.
Asimismo, al referirse a la connotación de malaventura en el título, explicó: “Yo perdí, porque no logramos la reforma ni la consolidación del programa integral que elaboramos y presentamos”.
Sin embargo, Sain aclaró que esto no implica que toda su gestión fuera un fracaso: “Implementamos una gran cantidad de iniciativas que quedaron en el anonimato. Muchas de estas iniciativas, como la reforma en la Policía, aún están vigentes, pero son ocultadas por el Gobierno de Pullaro”, señaló.
“También están las investigaciones que llevamos a cabo. Todo esto evidencia el entramado de relaciones entre el mundo criminal violento, el juego clandestino y la protección judicial a esta red. Y su líder es un senador”, reveló.
En relación a su acusación en el Poder Judicial, Sain aseguró que esto es parte del contexto: “Estas son las razones por las que me han acusado de espionaje y por lo que no se quisieron abordar los temas de seguridad de fondo”.
Según la imputación, el exministro habría liderado una asociación ilícita encargada de crear al menos 661 “perfiles” de dirigentes políticos, sindicalistas, empresarios, periodistas y funcionarios judiciales, sin orden judicial y en contravención de la Ley de Inteligencia.
La denuncia sostiene que estas prácticas implicaban la recolección ilegal de datos sensibles, tanto patrimoniales como familiares y migratorios, obtenidos de registros públicos y bases de datos privadas.
No obstante, Sain restó importancia a la denuncia: “Esto explica todo lo que ha sucedido. Y quiero mostrar lo que no se percibe: la realidad interna de los gobiernos. Por eso lo relato en primera persona”.
Además de su gestión en Santa Fe, Sain ocupó otros cargos, como el de interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (2005-2009), diputado provincial en Buenos Aires (2011-2015) y director general de la Escuela Nacional de Inteligencia (2015).
