Esta regulación se aplica a los establecimientos que se dediquen exclusiva y directamente a la actividad ganadera, siempre que estén situados dentro de la provincia y fuera de los ejidos municipales. Asimismo, establece una prórroga de los plazos de vencimiento correspondientes a 2023 y 2024 para aquellos beneficiarios de esta normativa.
Otro aspecto clave de esta iniciativa es que los pagos realizados durante 2026 no se perderán: podrán ser computados como crédito para el impuesto de 2027 y, en caso de existir un saldo a favor, podrá aplicarse a períodos fiscales posteriores.
La propuesta fue impulsada por el Poder Ejecutivo provincial y aprobada en una sesión ordinaria de la Legislatura. La aplicación de la ley estará a cargo de la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARECH).
La exención está destinada específicamente a inmuebles utilizados únicamente para la actividad ganadera y situados fuera de los ejidos municipales. El diputado Leonardo Bowman, del bloque Despierta Chubut, señaló que este beneficio busca principalmente apoyar a pequeños y medianos productores del interior provincial, y aclaró que no se aplicará automáticamente a todos los establecimientos registrados; será preciso demostrar el uso exclusivo del inmueble para dicha actividad.
De acuerdo con el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios, hay en la provincia aproximadamente 8.600 productores registrados. Además, desde el oficialismo provincial informaron que de un total de cerca de 8.000 establecimientos, alrededor del 90% son pequeños y medianos productores.
La normativa también invita a los municipios a sumarse a este esquema, con el fin de ampliar el beneficio a los establecimientos que se encuentren dentro de sus respectivas jurisdicciones.
La fundamentación del proyecto subraya que esta medida busca dar continuidad a una política de acompañamiento a la actividad ganadera y asegurar la sostenibilidad de explotaciones que juegan un papel económico y territorial fundamental en gran parte del interior provincial.
El sector enfrenta una serie de adversidades que han impactado tanto en la producción como en la rentabilidad, incluyendo sequías, incendios, nevadas, problemas sanitarios como la sarna, presencia de tucura y efectos derivados de la ceniza volcánica.
En este contexto, la exención tiene como objetivo reducir ciertos costos fijos que enfrentan los establecimientos y proporcionar un mayor margen financiero a los productores durante 2026.
Esta medida se suma a otros programas provinciales relacionados con el sostenimiento de la producción ovina y caprina, como ProLana y Mohair, que siguen vigentes.
La ley estipula que los productores beneficiados quedarán exentos del pago del impuesto inmobiliario correspondiente al ejercicio 2026. Además, establece la prórroga de los vencimientos pendientes de 2023 y 2024, permitiendo así diferir las obligaciones acumuladas de ejercicios anteriores. Para aquellos que ya hayan abonado total o parcialmente el impuesto correspondiente a este año, el esquema prevé que estos montos se conviertan en un crédito fiscal aplicable primero al período 2027 y, de existir saldo, a ejercicios posteriores.
