Con esta decisión, el monto fijo desde marzo de 2024 se elevará en octubre próximo el haber mínimo de 435.748,51 pesos a 505.748,51 pesos.
Sin embargo, esta cifra representa menos de la mitad del costo de la canasta de pobreza, que asciende a 1.605.497,35 pesos, y no alcanza siquiera a cubrir la canasta de indigencia, fijada en 726 mil pesos según los propios cálculos oficiales.
La medida, formalizada en el decreto 1108/2026 que fue publicado recientemente, también beneficiará a las prestaciones previsionales no contributivas gestionadas por el Estado.
El texto, suscripto por el presidente Javier Milei, sostiene que dicho bono —que no se incorpora al monto formal de los haberes para evitar ligarlo a incrementos significativos— tiene la función de corregir de alguna manera la antigua fórmula de movilidad jubilatoria.
Se argumenta que esta fórmula “presentaba graves y serios inconvenientes” y no “resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores”, aunque no se justifica por qué el bono no ha sido ajustado a la inflación en los últimos dos años y medio.
Este bono de 70 mil pesos se aplicará también a:
– Jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). – Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). – Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez e invalidez. – Madres de siete hijos (o más) que perciben pensión no contributiva. – Beneficiarios de pensiones graciables brindadas por la ANSES.
Aquellos que perciban un haber mínimo previsional o cualquiera de estas prestaciones recibirán el bono completo de 70 mil pesos. En cambio, quienes superen el haber mínimo recibirán un monto proporcional, equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar el total formado por el haber mínimo más los 70 mil del bono.
