La Casa Rosada dio inicio a procedimientos administrativos contra 60 individuos y empresas en septiembre, sin embargo, aún no se han confirmado resoluciones definitivas para dichos expedientes. Desde el Gobierno se indica que la propuesta legislativa sigue siendo una prioridad para Javier Milei, aunque se reconocen discrepancias respecto al alcance del nuevo Consejo de Seguridad Nacional.
Las actuaciones mencionadas por el Gobierno están a cargo de la Cancillería, que está llevando a cabo un trabajo reservado junto con la Secretaría Legal y Técnica. “Lo está manejando la Secretaría de Malvinas de forma confidencial con Legal y Técnica”, señalan al ser consultados sobre la posibilidad de aplicar sanciones antes de la aprobación de la nueva ley. En otras áreas del Estado no se precisó cuándo se formalizarán las primeras resoluciones sancionatorias.
Es importante destacar que los anuncios previos se relacionan con la apertura de procedimientos y no con la imposición real de nuevas sanciones. El 4 de septiembre, la Oficina del Presidente comunicó que la Cancillería había iniciado actuaciones contra 45 personas y entidades por presuntas infracciones a la Ley 26.659. Cuatro días más tarde, se sumaron otros 15 sujetos, que incluyen empresas, accionistas y proveedores asociados con actividades hidrocarburíferas en la zona.
La legislación actual permite la inhabilitación de entre cinco y veinte años para quienes efectúen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina o participen en operaciones prohibidas. Este proceso requiere una evaluación previa de la responsabilidad de cada persona implicada. El Gobierno tiene antecedentes de sanciones previas contra empresas del sector petrolero, pero los nuevos casos anunciados en septiembre aún no se concretaron en una lista verificada de sanciones definitivas.
El Decreto 868/2026, emitido el 4 de septiembre, incorporó mecanismos para agilizar dichas investigaciones. La normativa designó a Cancillería como autoridad de aplicación, estableció un plazo de diez días hábiles para que los presuntos infractores presenten sus defensas y mejoró la colaboración entre diferentes organismos gubernamentales.
Además, se introdujeron controles relacionados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que requiere verificar el cumplimiento de la legislación en actividades hidrocarburíferas en las Malvinas.
La Casa Rosada busca ampliar estas facultades a través de la nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que fue enviada a Diputados el 17 de septiembre. Este proyecto pretende reemplazar la normativa actual por un régimen que contemple la explotación no autorizada de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, y endurecer las sanciones para las empresas implicadas, sus accionistas y proveedores. También incluye restricciones comerciales y mecanismos para fomentar el abandono de actividades controvertidas.
“No vamos a adelantar la jugada, pero la nueva ley permitiría sanciones más severas y herramientas más fuertes para sancionar el accionar de actividades económicas de todo tipo en las islas”, afirmó un funcionario del Ejecutivo.
El informante también manifestó que el objetivo oficial es avanzar con el proyecto a pesar de los desacuerdos en el Parlamento. En la administración se considera que las reformas legislativas permitirían ampliar el alcance de las medidas más allá de la industria petrolera.
La demora en la ley se debe principalmente a las diferencias sobre el Consejo de Seguridad Nacional que Milei planea establecer para coordinar las políticas de defensa, inteligencia y relaciones exteriores. Según el proyecto, este organismo estaría presidido por el jefe de Estado y contaría con representantes de diversas áreas como la Jefatura de Gabinete, Cancillería, Defensa, Economía, Inteligencia y Legal y Técnica. Los bloques aliados piden incluir mecanismos de supervisión parlamentaria y revisar algunas de sus facultades.
La principal controversia radica en la posibilidad de añadir representantes de la Cámara de Diputados y del Senado al organismo, así como establecer controles legislativos sobre sus decisiones. La Secretaría Legal y Técnica presentó alternativas durante las negociaciones, pero las últimas modificaciones no lograron el apoyo necesario. En sectores oficialistas se considera que una comisión bicameral de seguimiento es insuficiente si el Congreso no tiene poder de intervención en determinadas acciones.
“Deberían ceder con lo del Consejo de Seguridad y aceptar lo que proponen de sumar a Diputados y Senado”, aseguró un funcionario involucrado en las conversaciones. Este explicó que una de las principales preocupaciones del Ejecutivo es mantener la disponibilidad de recursos ante situaciones que demanden una respuesta rápida del Estado. “Así como está no sale. Las últimas modificaciones se las rechazaron”, advirtió.
Sin embargo, en otros ámbitos de la Casa Rosada se niega que las discrepancias internas puedan bloquear definitivamente el proyecto. Funcionarios cercanos a las discusiones afirman que la reforma es parte de una agenda estratégica que Milei busca mantener en coordinación con Estados Unidos, aunque esta relación también requiere revisar el alcance de las sanciones.
“Es parte de una agenda con Estados Unidos que no pueden frenar. Milei no lo va a permitir”, comentó una fuente oficial, destacando la relevancia que el Presidente otorga a la creación del Consejo.
La controversia también tiene repercusiones en Washington, donde se teme que las sanciones impacten en empresas y fondos de inversión estadounidenses con participaciones indirectas en proyectos relacionados con Malvinas. El vicesecretario de Estado Christopher Landau admitió recientemente que su administración monitorea atentamente los intereses de sus empresas, aunque subrayó que Estados Unidos respeta el proceso legislativo argentino. Desde la Casa Rosada se descarta avanzar contra grandes fondos financieros si una medida de este tipo pone en riesgo la relación bilateral.
Milei recibió el viernes a Landau en la Casa Rosada, tras una serie de reuniones entre funcionarios de ambos países para profundizar la cooperación en áreas económicas y de seguridad. El canciller Pablo Quirno defendió públicamente la iniciativa, argumentando que la legislación actual no brinda las herramientas necesarias para salvaguardar los intereses argentinos. El Gobierno rechaza que las observaciones de Estados Unidos constituyan una demanda formal para retirar el proyecto, pero mantiene abiertas las negociaciones sobre su redacción.
Paralelamente, Argentina ha avanzado en una denuncia internacional contra la explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion, promovido por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. El 13 de octubre, se solicitaron medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar las actividades en el Atlántico Sur. Este organismo, con sede en Hamburgo, ha programado audiencias para el 10 y 11 de noviembre, donde se presentarán los argumentos argentinos y británicos. Esta presentación es un camino jurídico independiente de los procedimientos administrativos en curso contra las empresas.
El siguiente paso del Gobierno será determinar si logra destrabar la negociación legislativa y cuándo podrá avanzar con las resoluciones sancionatorias iniciadas en septiembre. En Balcarce 50, aseguran que Milei está decidido a impulsar la ley en su totalidad y rechazan la idea de separar las sanciones relacionadas con Malvinas de los capítulos de seguridad nacional. No obstante, las diferencias sobre el Consejo, las observaciones provenientes de Estados Unidos y la falta de consenso en Diputados mantienen incierto el calendario de tratamiento, mientras que la Cancillería sigue adelante con las actuaciones administrativas.
