El debate oral y público se reanudó este lunes a las 10. Cristina y Máximo Kirchner son los principales acusados de asociación ilícita, en calidad de jefa y organizador, respectivamente, y de lavado de activos. A la expresidenta también se le atribuye el delito de dádivas.
El Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Pallioti y Fernando Machado Pelloni, tiene a su cargo el juzgamiento de los dos expedientes. El primero, Los Sauces, se concentra en operaciones de blanqueo mediante el negocio inmobiliario; el segundo, Hotesur SA, investiga maniobras de características similares vinculadas con la actividad hotelera.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal completó la lectura del requerimiento de elevación a juicio, que detalla el presunto circuito de blanqueo desplegado mediante la firma inmobiliaria. La acusación estuvo representada por el fiscal Diego Velasco, quien había faltado a los dos encuentros anteriores y fue reemplazado entonces por Marcelo García Elorrio.
“Cristina y Máximo Kirchner se hicieron de fondos provenientes de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, favorecidos con contratos, concesiones y beneficios impositivos, y a los que se les había borrado su origen espurio como consecuencia del esquema de reciclaje”, se afirmó durante la audiencia, que todavía se realizaba de manera virtual.
Además de los contratos presuntamente simulados y del entramado societario bajo sospecha, la imputación describió el tramo final de la maniobra: una tercera etapa del lavado de dinero que el Ministerio Público Fiscal identificó como la instancia de agotamiento del delito. En ella, según la acusación, el “patrimonio espurio terminó ingresando directamente a los bolsillos de la exfamilia presidencial”.
De acuerdo con la pieza acusatoria, mediante esa operatoria la familia Kirchner “extrajo dinero de Los Sauces por más de 10 millones de pesos en concepto de ‘devolución de créditos’ a nombre de sus integrantes, como contraprestación por el cargo de director en el órgano de administración o como empleado de la firma, o bien a través del pago de gastos particulares con dinero de la sociedad”.
Para que se concretara esa apropiación, la fiscalía consideró esencial la intervención de los dos principales contratistas y licenciatarios del período: Lázaro Báez y Cristóbal López. Entre 2009 y 2016, empresas de ambos grupos transfirieron a Los Sauces casi 26 millones de pesos, exactamente $25.968.042. Ese monto representó más del 88 por ciento de la facturación total de la inmobiliaria familiar.
En el caso del Grupo Báez, las constructoras Loscalzo y Del Curto, Kank y Costilla y, principalmente, Austral Construcciones alquilaron departamentos en Río Gallegos por valores que la acusación consideró inflados y sin garantías contractuales. También participó la empresa hotelera Valle Mitre, propiedad de Báez, que recibió más de 70,9 millones de pesos de las constructoras. Luego, según la fiscalía, derivó recursos a Los Sauces mediante la explotación del hotel La Aldea del Chaltén, cuyo costo total de adquisición se habría recuperado en apenas cinco meses.
En paralelo, el grupo de Cristóbal López y Fabián De Sousa operó a través de Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia. Esas compañías realizaron pagos millonarios por oficinas y departamentos del complejo Madero Center, con sobreprecios estimados entre el 100 y el 150 por ciento por el Tribunal de Tasaciones. También cobraron alquileres por espacios comunes y servicios del complejo, incluso en relación con propiedades que De Sousa ya ocupaba personalmente.
Con esos ingresos asegurados mes a mes, la maniobra habría avanzado en tres etapas sucesivas: primero, la creación de la estructura societaria; luego, el reciclaje de fondos mediante alquileres comerciales simulados; y, finalmente, el retiro directo del dinero ya blanqueado por parte de Néstor, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner.
Para sortear las reglas de la Ley de Sociedades Comerciales sobre la distribución de ganancias, los entonces mandatarios habrían aportado fondos a la firma y registrado esos desembolsos como deudas que la sociedad tenía con ellos.
Al ser contabilizados como préstamos, esos montos podían ser “devueltos” en efectivo por la empresa bajo la figura de un supuesto saldo a favor. Los peritos contables resumieron el mecanismo de esta manera: “Cuando los socios intervienen en los movimientos financieros en forma prácticamente habitual, la sociedad se convierte en un mero vehículo de transferencia de fondos desde las operaciones que ella realiza hacia las personas físicas que actúan en calidad de socios”.
Las auditorías establecieron que, al 31 de diciembre de 2009, Néstor Kirchner figuraba como acreedor de la inmobiliaria por un “préstamo” de $3.968.321,94. Al año siguiente, después de su muerte en octubre de 2010, ese pasivo se había duplicado y alcanzaba los $6.295.021,80. El monto fue registrado en su totalidad en la cuenta “Sucesión de Néstor Kirchner”.
Desde 2011, los balances dejaron de identificar por separado los créditos y agruparon la deuda en una categoría general denominada “Cuentas Particulares de Socios”. Ese cambio, según la acusación, impidió establecer qué parte correspondía a cada titular.
De esa cuenta común salieron retiros sucesivos. La deuda de la sociedad bajó a $4.816.661,43 en 2011; a $3.378.116,70 en 2012; a $2.088.203,65 en 2013, y a $783.776,34 en el ejercicio de 2014.
La fiscalía detectó un mecanismo parecido en un préstamo de $950.000 que Hotesur transfirió a Los Sauces en 2011. La familia habría retirado $300.000 de ese monto, que en 2015 todavía figuraba asentado en $650.000.
La reconstrucción de los movimientos no se obtuvo de los estados contables oficiales, en los que esos datos no aparecían, sino del secuestro del Libro Diario número 1. Entre la muerte del expresidente y el final de 2011, sus tres herederos retiraron en conjunto $2.028.360,37 en efectivo de la cuenta de Néstor Kirchner.
Después de que en junio de 2011 se dictara la declaratoria judicial de herederos, el saldo que quedaba en esa cuenta al cierre del año, de $4.816.661,43, fue distribuido formalmente. A Cristina Fernández le correspondió el 50 por ciento, equivalente a $2.408.330,73; la otra mitad se asignó por partes iguales a Máximo y Florencia Kirchner, con $1.204.165,35 para cada uno.
La acusación señaló que, “desde el fallecimiento de Néstor Kirchner hasta el 31 de diciembre de 2011 Cristina, Máximo y Florencia Kirchner continuaron utilizando contablemente la ‘Cuenta Particular’ del expresidente en la empresa para ingresar y retirar fondos de la firma”.
Según el informe pericial, los herederos registraron una transferencia de fondos de $2.790.000 el 29 de diciembre de 2010, aportaron otros $550.000 y asentaron un crédito de $96.666,86 correspondiente a una operación de alquileres con Solvencia Crediticia SA. Sobre esta última operación, los peritos indicaron que “no hay movimientos de fondos y no surgen las razones del motivo de la registración de la operación en esta cuenta, ni documentación respaldatoria de la misma”.
Durante ese mismo período, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner retiraron de la “Cuenta Particular de Néstor Kirchner” $2.028.360,37 en fondos que, de acuerdo con la acusación, ya habían pasado por el proceso de blanqueo mediante su aplicación a las actividades inmobiliaria y hotelera. Por eso, hasta el 31 de diciembre de 2011 no fue posible determinar cuál de los tres accionistas recibió efectivamente esos recursos.
Las pericias sostienen que los retiros personales continuaron desde 2012. La cuenta de Cristina, habilitada en marzo de 2008, recibió el traspaso hereditario de $2.408.330,73 y registró además aportes por $100.000. Hasta octubre de 2014, ella retiró y utilizó personalmente $2.095.426,67 que, según los investigadores, provenían del esquema de blanqueo.
Los fiscales subrayaron que el 99,20 por ciento de esas extracciones, es decir, $2.078.722,13, se realizó después de la entrada en vigor de la Ley 26.683, que incorporó al Código Penal el delito de autolavado. Por ese motivo, le atribuyeron a Cristina Kirchner ese delito en esa etapa.
Al igual que su madre, Máximo Kirchner habría recibido fondos de empresarios beneficiados con contratos, concesiones y ventajas impositivas, a los que, según la imputación, se les había ocultado el origen ilícito.
La fiscalía indicó que Máximo combinó retiros directos de dinero con el pago de gastos personales y la asignación de honorarios como director. Después de recibir su parte de la herencia, de $1.204.165,35, y realizar aportes propios por $153.098,46, se le acreditaron $1.121.000 en honorarios establecidos por su propia familia en una asamblea. Las extracciones netas atribuidas a su nombre ascendieron a $2.492.415,69.
El informe pericial registró “débitos por retiro de fondos y pago de gastos del accionista y pago de honorarios como director por $2.492.415,69; y créditos por aportes a la sociedad por $153.098,46; y créditos por la asignación de honorarios como director votada por las asambleas por $1.121.000”.
Entre marzo de 2008 y noviembre de 2011, Máximo Kirchner aportó $153.098,46 de fondos propios y sumó otros $1.121.000 correspondientes a honorarios de director que su familia le había asignado en una asamblea. Además, el 1 de enero de 2012 recibió en su cuenta $1.204.165,35, su cuarta parte de la masa hereditaria.
Para la fiscalía, esto “permite corroborar la utilización de los fondos que eran canalizados a favor de la empresa Los Sauces por parte del hijo de los exmandatarios, quien se hizo del dinero que transitaba el proceso de reciclaje imputado”. A partir de 2012, luego de la distribución formal del saldo de la sucesión, Florencia Kirchner también recibió en su patrimonio $1.204.165,35.
Además del dinero en efectivo, la acusación incluyó el uso gratuito de inmuebles adquiridos por la sociedad con fondos atribuidos a Báez y López. Entre ellos mencionó el chalet de Mascarello 441, en Río Gallegos, donde vivió la expresidenta, y el departamento de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la exmandataria cumple arresto domiciliario por la condena del caso Vialidad.
Las cifras finales muestran el crecimiento patrimonial de la firma. Los Sauces no tuvo actividad y mantuvo un patrimonio estable de $100.000 entre 2006 y 2007. Desde 2008, impulsado por los contratos de Austral Construcciones, Inversora M&S, Álcalis de la Patagonia y las administradoras hoteleras Valle Mitre e Idea SA, su patrimonio neto aumentó de manera sostenida hasta llegar a $12.122.430,26 al cierre de 2015. En ese período acumuló ganancias por $10.957.277,99.
Para el Ministerio Público Fiscal, la inmobiliaria no fue una explotación comercial genuina, sino el último eslabón por el que circularon fondos originados en el fraude al Estado y el pago de dádivas, hasta incorporarse al patrimonio privado de los Kirchner.
En síntesis, la exfamilia presidencial “primero fondeó a la empresa Los Sauces, contabilizando esos aportes como ‘préstamos’ a favor de la sociedad, para luego, a partir de la canalización constante y permanente de fondos desde las firmas de los conglomerados societarios de Lázaro Báez, Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa”:
Luego, sostuvo la acusación, ”retiró dinero que había transitado un proceso de reciclaje -gracias a su aplicación a la actividad inmobiliaria- asentando esos retiros bajo el ‘cobro’ de lo oportunamente prestado a la sociedad, a través del pago de gastos personales, como contraprestación por el cargo de director en el órgano de administración, a través del salario al incorporarse a sí mismos como empleados de la firma, o bien teniendo disponible los fondos para su utilización”.
