La Resolución 330/2026, publicada este miércoles, desestimó todas las objeciones presentadas y autorizó a Transener a llevar adelante la construcción de una infraestructura eléctrica de 500 kilovoltios, de relevancia nacional.
Esta determinación del Gobierno pone fin a un conflicto jurisdiccional entre el ámbito nacional y provincial. San Juan, La Rioja, tres municipios de San Juan y diversas compañías mineras (Barrick, Golden Mining, Casposo, Andes Corporación Minera y Minera Argentina del Sol) habían presentado formalmente sus oposiciones en un proceso que se extendió por varios meses.
El proyecto implica la construcción de una línea de 500 kV que tendrá aproximadamente 167 kilómetros de longitud, conectando la Estación Transformadora (ET) Rodeo con la nueva ET Chaparro, en los departamentos Iglesia y Jáchal.
La inversión, que será financiada completamente por Vicuña Argentina S.A., también incluye la instalación de transformadores y adaptaciones en la ET Nueva San Juan para energizar la línea existente de 132 kV a 500 kV.
Vicuña Argentina tendrá prioridad en el uso del 90% de la capacidad remanente durante 25 años de esta infraestructura. La resolución habilita una demanda inicial de 260 megavatios (MW), con la intención de incrementarla a 400 MW y posteriormente a 700 MW en etapas sucesivas.
Se aclara que esta prioridad se refiere exclusivamente a la capacidad incremental y no a la infraestructura existente.
El ENReGE también desestimó el reclamo del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan, que argumentaba que la línea Nueva San Juan-Rodeo había sido financiada con recursos públicos del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) y el Fondo PIEDE provincial.
El regulador nacional consideró que la decisión sobre el acceso a la infraestructura de alta tensión supera las competencias provinciales y es de dominio federal. En su resolución, el ENReGE destacó que “la provincia actúa como un actor más dentro del MEM, pero no tiene poder de policía técnico o autoridad para vetar, cuotificar o co-administrar asignaciones en alta tensión ni extra alta tensión, como las dispuestas por el Estado Nacional”. La resolución se fundamenta en fallos de la Corte Suprema de Justicia.
Andes Corporación Minera (ACMSA), encargada de la iniciativa Los Azules, había presentado un análisis técnico independiente desafiando la metodología de CAMMESA en el cálculo de capacidad, alegando que la verdadera capacidad del corredor oscila entre 645 y 745 MVA y no 854 MVA como sostenía el informe oficial. El regulador nacional reafirmó que CAMMESA es la única responsable de la operación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y que esta entidad “es la autoridad para realizar los cálculos necesarios” sobre capacidad.
Golden Mining, propietaria de la mina Hualilán, manifestó que el 90% de priorización afectaría la viabilidad de su proyecto. A lo que el ENReGE respondió que el 10% restante equivale aproximadamente a 60 MVA en la ET Rodeo, cifra que resulta “estructuralmente superior” a los 40 MVA que Hualilán proyecta como demanda máxima para 2030. Además, se destacó que la expansión “refuerza y no perjudica” la red de energía regional.
Por su parte, la provincia de La Rioja expresó que la localización de la línea obstaculizaría una futura interconexión de 500 kV entre Rodeo y La Rioja Sur. No obstante, el ENReGE indicó que la obra que propone Vicuña “no desarticula la red regional, sino que la fortalece de manera sistémica y facilita la concreción de la línea minera en trazas más acordes” con la planificación existente.
Barrick Exploraciones Argentinas y Minera Argentina del Sol presentaron pruebas de inversiones previas por u$s 90 millones al Fondo PIEDE en 2007, lo que les otorga un derecho contractual para acceder a hasta 250 MW. El ENReGE aclaró que el acceso a capacidad de transporte federal no está sujeto a acuerdos provinciales y que la Ley Nacional 24.065 prevalece sobre normativas locales en cuestiones de transporte de alta tensión.
Los jefes comunales de Iglesia y Jáchal manifestaron su apoyo al proyecto minero, condicionándolo a la implementación de medidas de protección ambiental y una adecuada distribución de beneficios. La resolución del ENREGE respaldó la recomendación del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, que consideró el CCyNP como un mecanismo para “generar incentivos regulatorios apropiados que promuevan inversiones privadas en infraestructura clave”.
La resolución establece que la prioridad de capacidad comenzará a regir desde la habilitación comercial de cada obra por un lapso de 25 años, coincidiendo con la vida útil del proyecto correspondiente.
El siguiente paso será la ejecución de los trabajos en terreno por parte de Transener, con la condición de que CAMMESA otorgue la habilitación comercial y la conexión únicamente tras verificar la finalización de las obras mediante un certificado ingenieril.
Esta decisión del organismo nacional allana el camino para concretar una inversión privada total que supera los u$s 9.700 millones por parte de la empresa conjunta formada por BHP y Lundin Mining.
“Con una inversión inicial de u$s 9.700 millones —que podría llegar a u$s 18.000 millones según las estimaciones de las empresas— estamos ante el mayor proyecto minero de nuestra historia y uno de los cinco proyectos de cobre más importantes a nivel global”, resaltó el ministro de Economía Luis Caputo.
