“Todos sabemos que los concursos son amañados. Al Consejo lo gobierna el grupo de Olmos y el grupo de Angelici”, afirmó Palomino en un evento realizado en Mendoza, organizado por la Suprema Corte de Mendoza, donde se presentaron dos figuras de las listas que competirán el 20 de octubre: Palomino y Diego Molea, quien es consejero electo por el sector académico y también articula una lista peronista.
Las declaraciones evidencian la tensión que rodea esta elección, considerada vital para la futura conformación del organismo. El 20 de octubre, los abogados con matrícula federal activa a nivel nacional votarán para renovar sus cuatro representantes para el período 2026-2030.
Palomino lidera la lista Abogacía por la Libertad, con la que el oficialismo nacional busca introducir representantes propios. Concejal de Vicente López y ex subsecretario de Empleo de la Nación, Palomino está alineado con el sector de La Libertad Avanza que lidera Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires.
Durante su presentación, Palomino cuestionó el funcionamiento de los concursos para ocupar cargos judiciales, planteando que existe una “endogamia” que favorece a quienes ya forman parte del Poder Judicial en detrimento de los abogados en ejercicio.
El candidato libertario reclamó modificaciones en el reglamento de selección, propuso que los postulantes sean sometidos a entrevistas estructuradas y sugirió la implementación de mecanismos de auditoría sobre el funcionamiento del Consejo. También subrayó que el objetivo debería ser “profesionalizar la Justicia”.
La discusión tuvo lugar durante una jornada sobre la transparencia en la selección de magistrados en la Universidad Congreso de Mendoza, un evento organizado, entre otros, por la Suprema Corte provincial. Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y consejero electo por el sector académico, también participó del encuentro.
Molea, quien forma parte de la coalición política Abogacía Federal, coincidió en criticar las presiones que existen en torno al Consejo, dirigiendo sus reproches tanto hacia la política como hacia sectores privados. Según afirmó, diversos grupos de poder intentan influir en las decisiones del organismo, y destacó que su espacio se diferencia al asegurar que sus candidatos tienen la autonomía necesaria para participar en los debates.
La elección resalta un escenario fragmentado en el que los principales sectores políticos y de la abogacía se distribuyen en cuatro listas. Una de ellas es Unidad en Defensa de la Abogacía, liderada por Alberto “Nacho” Biglieri, que reúne a integrantes de la actual conducción del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y figuras del radicalismo porteño, donde Angelici ejerce una significativa influencia.
Otro de los candidatos en esta lista es Eduardo Bittar, actual presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, quien enfrenta denuncias penales por presuntos delitos de estafa y defraudación. En Córdoba sostienen que existen causas abiertas en la Justicia federal por presunto lavado de activos y evasión, que se tramitarían ante el juzgado federal número tres y la fiscalía federal número dos. Estas acciones judiciales están vinculadas a la compraventa sospechosa de la “Estancia El Cautivo” dentro de un juicio sucesorio.
Otra lista competidora es Abogacía Unida y Dignidad Profesional, dirigida por Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Córdoba. En el segundo lugar se encuentra Jorge Rizzo, expresidente del Colegio Público porteño, y esta candidatura fue fraguada por Olmos, figura destacada del peronismo porteño y actual titular de la Auditoría General de la Nación.
Finalmente, la cuarta nómina es Abogacía Federal, encabezada por Fernando Levene, expresidente del Colegio de Abogados de La Plata. Esta lista incluye sectores vinculados a Molea, al senador radical Maximiliano Abad, al exconsejero Miguel Piedecasas y al gobernador cordobés Martín Llaryora.
Así, el panorama electoral refleja una fragmentación considerable, con diversas facciones del radicalismo y del peronismo disputándose entre varias listas, mientras La Libertad Avanza también busca asiento con su propia boleta.
El contexto electoral se entrelaza con otro debate que afecta al Consejo: la modificación del mecanismo de selección de magistrados. La Corte Suprema ha propuesto cambios al reglamento de concursos, generando diferencias dentro del organismo. Molea ha expresado su preocupación de que el proyecto se apruebe sin un debate extenso y ha cuestionado hasta dónde puede llegar la Corte en un asunto que compete al Consejo.
Anticipó que no apoyará una aprobación automática del nuevo reglamento y remarcó que el presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, también ha indicado que la propuesta debe ser discutida.
Este debate es esencial, dado que el Consejo participa activamente en los concursos y elabora las ternas para la ocupación de juzgados, así como ejerce facultades disciplinarias sobre los magistrados y participa en los procesos que podrían derivar en su remoción.
